Cláusulas democráticas y Derechos Humanos

Gobiernos democráticos son aquellos cuyos dignatarios son electos por el pueblo (legitimidad de origen) y que luego, durante su mandato, en forma continua se atienen al cumplimiento de las normas de la democracia entre las cuales están la división y autonomía de los poderes del Estado, los Derechos Humanos, la transparencia y rendición de cuentas, etc. (legitimidad de ejercicio).

En nuestro continente desde hace ya al menos dos décadas todos los gobiernos menos el de Cuba tienen legitimidad de origen aun cuando no todos tienen una perfecta legitimidad de ejercicio entre los cuales Venezuela lamentablemente lidera el lote de los que cojean con esta última.

Es precisamente por esa ola de democratización que bañó al continente en las últimas décadas que los gobiernos no tuvieron ningún inconveniente en proponer y aceptar de buen grado la introducción de las llamadas "Cláusula Democráticas" en los acuerdos creadores de los distintos esquemas de integración política y/o económica ya sean explícitas como en la Comunidad Andina, Mercosur y Unasur o implícitas como en la ALBA y/o en algunos tratados de libre comercio. Para quien ya es democrático nada le cuesta dar su aprobación a ese compromiso. La cosa se pone difícil para quienes van dejando de ser democráticos como es el caso de la Venezuela actual.

La posible y mas que probable salida de Venezuela del sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos que se materializaría cuando se dé el preaviso de un año que requiere el Tratado Interamericano de Derechos Humanos (San José 1969) anuncia la falta de voluntad del gobierno actual para mantenerse dentro de un marco que asegure el respeto y garantía de los Derechos Humanos que por simple lógica debe ser supranacional en tanto y en cuanto suelen ser casi siempre los Estados quienes los violan.

Las cláusulas democráticas que se han puesto tan de moda son aquellas que existen en los tratados -o se agregan posteriormente- con el objeto de limitar la pertenencia en los mismos tan solo a los Estados democráticos y para suspenderlos o excluirlos cuando dejen de serlo. La OEA tiene su propia cláusula (Carta Democrática Interamericana de 2001) cuyo primer beneficiario fue nada menos que Chávez cuando el golpe de Estado de abril de 2002 y que le sirvió para aislar a Venezuela si no se le restituía en su mandato legal y legítimamente obtenido. Hoy parecen olvidarse de aquello.
El Pacto Andino también tiene disposiciones similares como las tienen Unasur y Mercosur.

Si Venezuela decidiera -como parece- excluirse del sistema del Tratado de San José -como lo hizo por breve tiempo el Perú con Fujimori y como la ha hecho Trinidad/Tobago) se concretaría a través del trámite llamado "denuncia" que requiere una notificación y la espera de un año sin perjuicio de que siempre continúa la aplicabilidad del sistema para los casos en curso.

Aun cuando tomar ese camino pudiera satisfacer el procedimiento del tratado internacional, ello sería totalmente inconstitucional en derecho interno por que violaría los artículos 22, 23 y 31 de la Constitución que otorgan categoría supraconstitucional a los tratados y compromisos de Derechos Humanos y además consagran el principio de la "progresividad" que significa que ninguna conquista alcanzada en ese campo puede ser disminuida.

Pero aunque Venezuela diera ese paso -políticamente muy feo ante la comunidad internacional- ello no significa en forma alguna retirarse de la clausula democrática de Mercosur (Protocolo de Ushuaia) a la cual adhirió en ocasión de su incorporación como Miembro Asociado pese a que aun no ha podido alcanzar la calidad de Miembro Pleno por la resistencia empecinada del Senado paraguayo que alega precisamente la condición de no democrático del gobierno de Chávez.

Vale decir que los compromisos con la OEA y el sistema interamericano son una cosa y los adquiridos o a adquirir por medio de otros acuerdos son otra cosa distinta. Salirse de unos no significa salirse de los demás.

Que lástima sería dar forma jurídica a una gran estupidez política!

apsalgueiro1@gmail.com